Según los publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística, el IPC se situó en el mes de enero en el 2,7%. UGT considera que el coste del ajuste está recayendo íntegramente sobre los trabajadores y ciudadanos que tienen que hacer frente a la subida de precios, impuestos y tasas en medio de una política de contención de salarios. Sin embargo, y en contra de la moderación pactada por empresarios y sindicatos en el II AENC, los márgenes empresariales no están teniendo la contención debida (crecen un 2,7% en el tercer trimestre de 2012). El sindicato considera que la política económica del Gobierno y decisiones como la no revalorización de las pensiones, la congelación por tercer año consecutivo del IPREM, el exiguo incremento del SMI (0,6%) y el continuo deterioro del poder adquisitivo de los empleados públicos generado por los recortes, no hacen más que agravar la situación y provocar desconfianza en el futuro. UGT advierte de que cuanto más tarde el Gobierno en acometer este cambio de rumbo y rectificar su orden de preferencias, más se alargará la devastadora situación económica social y laboral actual.
Según los últimos datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el mes de enero de 2013 en el 2,7%, dos décimas menos que la registrada en diciembre de 2012, y una decima más que el dato adelantado publicado el pasado 31 de enero. Por su parte, la tasa mensual se sitúa en el -1,3%, con lo que disminuye 1,2 puntos respecto al mes anterior.
Los grupos que han tenido mayor influencia en la evolución del dato interanual del IPC general son, con influencia positiva, Bebidas alcohólicas y tabaco, que aumenta su tasa casi tres puntos situándola en el 8,0%, dada la subida de los precios del tabaco, frente a la estabilidad del año pasado; y Comunicaciones, con una tasa anual del –1,8%, nueve décimas por encima del mes anterior, dado que la bajada de los precios de los servicios telefónicos ha sido menor que en 2012. Y con una influencia negativa se encuentran los grupos de Vivienda, cuya variación disminuye más de un punto hasta el 4,4%, dada la bajada de los precios de la electricidad frente a la estabilidad registrada el año pasado, consecuencia de la finalización del ajuste realizado el año pasado para regularizar las tarifas de último recurso; Transporte, que presenta una variación anual del 2,2%, nueve décimas inferior a la del mes anterior, debido a que los precios de los carburantes y lubricantes aumentaron más en enero de 2012 que este mes; y Medicina, con una variación del 12,1%, más de un punto inferior a la del mes pasado a causa de la bajada de los precios de los medicamentos y otros productos farmacéuticos, por la suspensión del pago del euro por receta en Cataluña.
Por su parte, la inflación subyacente, que mide la variación general de precios descontando los alimentos no elaborados y los productos energéticos, aumenta una décima hasta situarse en el 2,2%, de modo que su diferencia con respecto al IPC general alcanza las siete décimas. Por último, destacar que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) disminuye dos décimas respecto al mes de diciembre, situándose en el 3,0%, tres décimas por encima del IPC general nacional (y dos décimas por encima del indicador adelantado el pasado 31 de enero). De este modo, el IPCA de España mantiene su diferencial de ocho décimas con respecto al IPC armonizado de la Zona Euro (que registra la misma tasa que en diciembre, el 2,2%), manteniendo nuestra pérdida de competitividad vía precios con los países con los que compartimos moneda.
CONCLUSIONES
Los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sitúa la tasa de variación anual del IPC en el 2,7%, lo que supone que los precios de nuestro país descienden ligeramente respecto al cierre del año 2012. En cualquier caso, no es un buen dato, y comparado con el del enero de 2012, es siete décimas superior, cifra que junto al resto de indicadores económicos sobre la actividad y el empleo en nuestro país, nos sitúan en una profunda depresión, que no parece vaya a mejorar a corto o a medio plazo, por más que desde el Gobierno nos intenten convencer de lo contrario, y menos si el Gobierno se obstina en no rectificar su política económica.
Es sorprendente la convivencia de este elevado nivel de precios y de continuas caídas de los niveles de consumo en nuestro país en todos los agentes económicos (según los últimos datos disponible, en el III trimestre se registró una caída del consumo de los hogares del 2% y de las administraciones públicas del 3,9%), que deberían haber moderado de manera significativa el nivel de los precios. Pero la explicación a esta, aparente contradicción es el desigual reparto de las cargas derivadas de los ajustes que se vienen produciendo en la economía española. Mientras que los costes laborales se vienen reduciendo de forma continua (-3,0% en el tercer trimestre de 2012) y los incrementos medios pactados en los convenios se sitúan en diciembre (último dato disponible) en el 1,34% en el ámbito de las empresas (el 0,76% en el caso de los convenios nuevos) y en el 1,40% en los convenios de ámbito sectorial (0,74% en los convenios nuevos), los excedentes de las empresas se mantienen en tasas de crecimientos significativamente elevadas (del 2,7% en el tercer trimestre de 2012). Es decir, el hecho de que los precios en nuestro país se mantengan en estos elevados niveles de precios está motivado por los márgenes empresariales que no están teniendo la contención debida, en contra de la moderación pactada por empresarios y sindicatos en el II AENC. Pero es que además, los ciudadanos están asistiendo a un deterioro continuo de sus derechos y de su poder adquisitivo, hecho derivado de la subida de los impuestos indirectos (IVA), el copago farmacéutico y los incrementos de precios públicos y tasas sanitarias y educativas. Todo lo anterior pone de manifiesto que el coste del proceso de ajuste que está sufriendo la actividad económica en nuestro país está siendo soportado íntegramente por los trabajadores.
Y en este punto no hay que olvidar que ese deterioro del poder adquisitivo de ciudadanos y trabajadores se agrava con decisiones del Gobierno como la no revalorización de las pensiones (incumpliendo su reiterado compromiso de actualizarlas y, lo que es peor, incumpliendo la Ley de Seguridad Social), la congelación por tercer año consecutivo del Indicador Público de Rentas Múltiples (IPREM), el exiguo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de un 0,6% para el año 2013 y el deterioro continuo del poder adquisitivo de los empleados públicos generado por los recortes del Gobierno. Y esta contracción del poder adquisitivo de los ciudadanos y los trabajadores, lejos de mejorar la situación general del país, está teniendo consecuencias muy negativas en la actividad económica de nuestro país y, por extensión, en el empleo. A esta terrible situación, se une la desconfianza en el futuro de la economía española, el aumento de la precariedad laboral y el derrumbe de las expectativas, y todo ello está acentuando la crisis que está alcanzado niveles sin precedentes.
Es más que evidente que la política económica de este Gobierno centrada en los recortes y en los ajustes, no sólo no es eficaz, sino que es contraproducente para salir de la crisis. Y en este sentido ya hay llamamientos desde distintos organismos internacionales que hasta ahora demandaban políticas de ajuste y contención del gasto, al impulso de la actividad económica con medidas expansivas ante la evidencia de que las restrictivas adoptadas hasta el momento, si no se acompañan de políticas de estímulo al crecimiento económico y al empleo, solo conducen progresivamente a más recesión y más desempleo, además de ser ineficaces para la consecución de los objetivos de reducción del déficit y de la deuda.
Por ello, desde UGT insistimos en demandar una rectificación inmediata de la política económica del Gobierno, para que no se centre en la política presupuestaria encaminada en exclusiva a la eliminación del déficit público, y se oriente a la recuperación de la actividad y del empleo y proteja los derechos sociales y laborales de los trabajadores y ciudadanos de nuestro país, devolviéndoles la confianza que necesita este país para que puedan promover sus proyectos de inversión y de consumo, recuperando su papel determinante en nuestra economía, ante la imposibilidad de que la actividad en el exterior pueda compensar de manera suficiente la extraordinaria caída del consumo interno. Cuanto más tarde el Gobierno en acometer este cambio de rumbo y en rectificar su orden de preferencias, más se alargará la devastadora situación económica, social y laboral que padecemos.