Informe ‘Temas candentes de los procesos concursales’
La actual legislación concursal necesita una reforma para frenar la destrucción de tejido empresarial que se produce en los procesos de crisis empresariales
Madrid, 21 de marzo de 2013. El 95% de las empresas que entran en concurso acaba en liquidación. Así lo refleja el informe Temas candentes de los procesos concursales, elaborado por PwC, que pone de manifiesto que la desconfianza hacia el sistema judicial, la estigmatización del empresario y una legislación que, en materia de insolvencias, parece percibirse como más protectora de los intereses de los deudores en detrimento de los acreedores se encuentran entre las principales causas que provocan esta situación.
Si nuestro país se compara con otros estados como Francia, Alemania, Reino Unido, o Italia, los datos muestran que España se sitúa a la cola de Europa en la utilización del procedimiento concursal. Ante esta situación, las empresas intentan buscar soluciones a la excesiva burocracia y duración de los procesos concursales que provocan una tendencia a la ‘desjudicialización’ del tratamiento de los procesos de crisis empresariales. Además de la lentitud de la Administración de Justicia, los empresarios se quejan de que siempre sean señalados como los culpables de la situación y de que, según ellos, se otorga un cierto trato de favor al deudor en contra de los intereses de los acreedores en el proceso concursal.
La Ley Concursal de 2003 instauró un sistema concursal moderno y unitario frente a la anterior dispersión normativa. Sin embargo, ante un contexto de coyuntura económica como el actual, la mayor parte de los concursos que se tramitan concluyen con la liquidación de la empresa, el cese de actividades y el despido de los trabajadores. En España se acude menos al sistema legal y mucho más tarde que en otros países, sin que se haya conseguido aumentar el grado de satisfacción de los acreedores. Cada vez con mayor frecuencia, operadores jurídicos, entidades financieras, medios de comunicación, judicatura e incluso el propio gobierno, están poniendo de manifiesto la necesidad de modificar la regulación vigente en materia de insolvencias.
El informe recoge los principales temas que se identifican como susceptibles de ser modificados en la legislación concursal. No existe una regulación completa y unitaria de las refinanciaciones, más que tangencialmente, en aquellos aspectos que pueden provocar disfunciones en caso de que la empresa refinanciada caiga en situación de concurso. El documento también señala la necesidad de que las liquidaciones de activos de empresas en concurso sean más ágiles, de modo que pueda maximizarse el valor de los activos. Además, es preciso articular mecanismos legales que incentiven a los sujetos involucrados en los procesos de refinanciación para que apoyen, con inyección de dinero, a las empresas que tengan una cierta viabilidad, mediante la concesión de determinadas garantías o una preferencia en el cobro.
Otro aspecto sobre el que pone el foco el documento es la necesidad de garantizar los procesos de refinanciación de las compañías. Para lograrlo, habría que ampliar determinadas medidas protectoras en los momentos previos a la declaración de concurso, ya sea en los procesos de refinanciación, ya sea tras la presentación de la solicitud de aplazamiento del concurso. Este es uno de los principales puntos débiles de los procesos de refinanciación que no está resuelto todavía en la ley, incluso tras la última reforma.
Por último, el informe propone la creación de un Instituto de acreditación de determinadas profesiones jurídicas, entre las que podrían encontrarse las de administrador concursal. En este sentido, una de las causas de ralentización y encarecimiento de los procedimientos concursales es la falta de formación específica de algunos administradores concursales.
Los concursos de empresas en España crecieron un 35% en 2012 hasta las 7.233 insolvencias. Cataluña, La Comunidad Valenciana, La Comunidad de Madrid y Andalucía concentraron casi el 60% del total de los concursos publicados en 2012 (21%, 13%, 15% y 10% respectivamente). En la otra cara de la moneda, La Rioja, Cantabria, Extremadura y Navarra fueron las regiones con menor actividad concursal.