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Fiscalidad en España: problemas, retos y propuestas

El objetivo primordial de la reforma fiscal debería ser
mejorar la eficiencia recaudatoria, favoreciendo el crecimiento económico y el
empleo a través de la eliminación de distorsiones e ineficiencias. Ello requiere
cambios profundos en el sistema tributario. Desde esta premisa, el último número de
Papeles de Economía Española, editado por la Fundación de las Cajas de Ahorros
(Funcas), recoge las opiniones de diversos economistas expertos en el ámbito
tributario. El objetivo de este número no es ofrecer una propuesta alternativa de
reforma fiscal sino analizar los elementos fundamentales del sistema tributario
español y ofrecer distintas vías para su reforma.

fiscalLa necesidad de aumentar la eficacia recaudatoria del sistema fiscal español es un
elemento común en el análisis de muchos de los autores. Antoni Zabalza recuerda
que los ingresos impositivos suponen en España el 32,6% del PIB en España, mientras
que en la Unión Europea representan el 39,7% y en la Eurozona el 40,5%.
José Félix Sanz centra su análisis en el IRPF. El autor propone el fortalecimiento de la
naturaleza dual de la base imponible, incorporando a la base del ahorro, que estaría
gravada al 25%, todos los rendimientos y plusvalías del capital inmobiliario y el 50%
de las rentas empresariales y profesionales. Asimismo, propone la desaparición del
sistema de módulos y la eliminación de la actual exención de que disfrutan las rentas
inmobiliarias derivadas del arrendamiento. Sanz aboga también por la eliminación de
la mayor parte de las deducciones actuales y la recuperación de los mínimos vitales
genuinos, que deberían limitarse a tener en cuenta las cargas familiares y las
peculiaridades del ahorro previsión. Propone una tarifa de solo dos tramos, con un
primer tipo del 25% para bases liquidables inferiores a 60.000 euros, y del 35% para
el resto. Finalmente, propone la eliminación de las deducciones no técnicas de la
cuota del impuesto, lo que incluye la desaparición, con carácter retroactivo y de
modo escalonado a lo largo de los próximos cuatro años, de la deducción por
vivienda habitual.
Por lo que se refiere a los impuestos indirectos, Desiderio Romero analiza diferentes
alternativas de reforma del IVA. Por un lado, podrían subirse los tipos de gravamen:
elevar un punto el tipo superreducido aumentaría la recaudación un 0,48%; si la
subida se aplica al tipo reducido, el incremento sería del 1,63% y se elevaría al 2,64%
actuando sobre el tipo general. Otra posibilidad sería la modificación de las bases,
centrándose en aumentar la tributación de los bienes cuyo consumo es creciente
según el nivel de renta. La tercera opción sería eliminar los regímenes especiales, que
afectan negativamente a la recaudación y suponen un incentivo a operar en la
economía informal. Respecto a los impuestos especiales, podrían incrementarse los
tipos que se aplican tanto al tabaco como a los carburantes y el alcohol.
Lourdes Jerez considera varias líneas de reforma del Impuesto sobre Sociedades. Por
una lado, la reducción tanto de los tipos medios como de los marginales para hacer
más atractiva la tributación en España y eliminar el tipo reducido para las pymes.
Además, propone retirar todas las deducciones cuya eficacia no haya sido probada;
aproximar la amortización fiscal a la verdadera depreciación económica, y lograr la
neutralidad en el tratamiento de la financiación empresarial, limitando la
deducibilidad de los costes financieros explícitos y aumentando la de los costes
implícitos en la financiación propia.
El análisis de la imposición sobre la riqueza es abordado por Alejandro Esteller y
José María Durán, que proponen la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y
potenciar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo que llevaría aparejada la
desaparición del Impuesto sobre el Incremento en el Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. En este sentido, otros autores como Zabalza apuestan por
mantener el Impuesto sobre el Patrimonio. Se llama la atención también sobre la
falta de ajuste en los valores catastrales, que no han tenido en cuenta la fuerte
bajada de los valores de mercado en el sector inmobiliario.
Oscar Bajo y Antonio Gómez abordan la posibilidad de reducir las cotizaciones
sociales para estimular la creación de empleo, una rebaja que necesariamente
debería ser compensada con una subida del IVA para neutralizar su efecto sobre el
déficit público. Según los autores, bajar un punto las cotizaciones sociales podría
generar la creación de 106.000 empleos, lo que supondría una reducción de 0,45
puntos en la tasa de paro. Si la rebaja fuera de cinco puntos, se generarían 550.000
puestos de trabajo y la tasa de desempleo disminuiría 2,3 puntos. No obstante, las
subidas de IVA necesarias para obtener la neutralidad recaudatoria de estas
propuestas podrían tener efectos muy negativos sobre el consumo, el PIB y la
recaudación efectiva.
Alberto Gago y Xavier Labandeira proponen un uso más intenso de la fiscalidad
energético‐ambiental que debería pasar, obligatoriamente, por una mayor
tributación de los carburantes de automoción, medida que puede suministrar
importantes recursos fiscales en el corto y medio plazo.