El Ejecutivo da así respuesta a la iniciativa acordada por el Pleno de la Asamblea en febrero del año pasado para fomentar el empleo juvenil mediante la cobertura de servicios de interés comunitario que competen a la Ciudad.
La consejera de Educación, Cultura y Mujer y portavoz del Gobierno, Mabel Deu -el consejero portavoz, Emilio Carreira, está fuera con motivo de su participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera-, ha explicado que se hará es una licitación pública y la empresa que resulte ganadora se encargará de contratar al personal. Habrán de ser jóvenes en paro menores de 30 años. La oferta que presente el mejor precio (51 puntos) y el mayor número de trabajadores a contratar (49 puntos) se ocupará del servicio. El presupuesto de licitación asciende a 1,8 millones de euros y el plazo de ejecución es de 12 meses.
Los como mínimo 170 jóvenes tendrán contratos de jornada completa y seis meses de duración, de forma que habrá no menos de 85 cada semestre ocupándose de tareas de limpieza de vertederos y recogida de basuras en espacios públicos, vaguadas y solares. Eso sí, en ningún caso podrán ser atendidas mediante este servicio funciones que contempladas en el contrato de limpieza pública viaria y recogida de basuras, del que es adjudicataria TRACE. Será la Consejería de Medio Ambiente la encargada de concretar los trabajos a realizar. En cuanto a las retribuciones del personal contratado, se tomará como referencia el Salario Mínimo Interprofesional.
El Gobierno calcula que pasarán tres meses desde la publicación de la licitación hasta que comience la ejecución del contrato. Sin embargo, la intención del Ejecutivo que preside Juan Vivas es poder atender, de manera casi inmediata, una buena parte de las necesidades contempladas en la encomienda hecha a Procesa.
Para ello, la Ciudad solicitará al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) un nuevo programa de colaboración social con el que atender necesidades complementarias de carácter medioambiental o de entretenimiento urbano no atendidas con medios propios ni con terceros. De este programa se beneficiarán 83 trabajadores entre operarios y capataces, durará 3 meses y tendrá un presupuesto de 200.000 euros. En este caso, el perfil de los beneficiarios ha de ser el de personas desempleadas que estén percibiendo algún tipo de ayuda o subsidio, como marca la normativa de la colaboración social, que también regula la remuneración y que el órgano seleccionador es el SEPE. Por su parte, la Ciudad aportará los medios materiales y de apoyo.
Estas acciones son una prueba más de la voluntad del Gobierno de la Ciudad para favorecer el acceso a un puesto de trabajo, además de un ejemplo del esfuerzo económico de ambas administraciones para combatir el paro. Una prueba entre muchas.
De hecho, entre 2014 y 2015 son unos 48 millones los que dedicarán Ciudad y Estado a políticas activas de empleo que beneficiarán a unas 11.500 personas.
La voluntad, en datos
Desde el pasado mayo, y hasta el próximo febrero, 299 jóvenes trabajan en el ámbito de un plan de empleo del ámbito de los servicios medioambientales que tiene un presupuesto de 2,9 millones de euros.
Y en los próximos meses, echará andar el plan de empleo socioeducativo, para el que está previsto contratar a 556 personas. Sus contratos se extenderán de septiembre a junio. Los cerca de 6.252.000 euros de presupuesto de esta acción, además de emplear a ese medio millar largo de parados, de los que buen parte será personal de enseñanza, permitirán hacer de los colegios un centro neurálgico de las zonas en que se ubican, muestra de la importancia que la educación y la formación tienen para el Gobierno como motor de desarrollo.
Hay más. También entre septiembre del año en curso y el próximo junio se desarrollará otro plan de empleo dotado con casi 800.000 euros del que se beneficiarán 85 personas que se ocuparán de labores de entretenimiento urbano. Además, entre este mes y mayo de 2015 echará a andar un plan de otros ámbitos que ocupará a una docena de personas y cuyo presupuesto se alza por encima de los 177.000 euros.
En total, son 1.205 personas las que resultarán beneficiarias de estas acciones, que tienen un presupuesto global de 12,1 millones de euros, datos que se engloban en las coordenadas ofrecidas esta semana por el presidente Vivas en su comparecencia para hacer balance de la gestión del Gobierno de los siete primeros meses del año.