MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) – El Gobierno considera que no se dan los supuestos legales de utilidad pública e interés social para proceder a la expropiación de empresas de Nueva Rumasa y cree que no cabe establecer un «paralelismo» con el proceso iniciado en 1983 sobre Rumasa, que se efectuó en aras de «la defensa de la estabilidad del sistema financiero».