Eduardo Serna.
Esta elevada rentabilidad de los títulos de renta fija esta afectando negativamente a los mercados bursátiles(el Ibex pierde los 9.900 y todos los valores caen) por dos motivos principalmente. Por la incertidumbre que provoca esta situación a los inversores al no haber visos de un acuerdo para la cuestión griega, y porque los activos de renta fija entran en competencia directa con los de renta variable para captar la inversión. Ya que los activos de renta fija se les presume un riesgo menor que a los de renta variable y al subir su retribución resultan más atractivos para el inversionista adquirir bonos o emisiones de deuda que acciones.
También este incremento del diferencial se produce en la jornada en la que el Tesoro espera poder colocar alrededor de 3.500 millones de euros en Obligaciones a 8 y 15 años. La anterior emisión fue en mayo a un plazo de diez y 30 años y el Estado logró colocar más de 3.200 millones de euros con menores intereses en el primer caso y ligeramente más altos en el segundo. No obstante, en la anterior subasta de obligaciones a quince años, que también se celebró en mayo, el Tesoro logró bajar desde el 6,01% al 5,70% el interés que tuvo que pagar.
Finalmente el Tesoro Público colocó ha conseguido colocar 2.839,5 millones de euros en obligaciones y subió el interés de las de 15 años hasta el 6,043%. De los 2.839 millones adjudicados hoy, 1.326,35 correspondieron a obligaciones a ocho años, que se colocaron con un interés marginal del 5,371%, y 1.513,15 a obligaciones con vencimiento a quince años. Como ha ocurrido en anteriores ocasiones, la demanda de las entidades ha superado ampliamente el importe finalmente adjudicado, ya que ha pasado de 6.700 millones de euros.
El CDS español tampoco arroja buenas perspectivas, en estos momentos se ubica en los 304,50 puntos básicos, es decir por cada 10.000 euros de deuda española que se quiera asegurar de media con una entidad financiera durante un plazo de 5 años, los bancos exigen cobrar una prima de 304,50 euros. Una remuneración que se le exige a economías con un riesgo medio de impago.
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