La medida entró en vigor el pasado 23 de junio, y la Consejería de Salut de la Generalitat ha asegurado ya que el dinero recaudado hasta el momento no se devolverá, al menos hasta que la resolución del TC sea definitiva.
El Gobierno central apunta en su recurso que la medida implantada en Cataluña afecta a un supuesto regulado por una ley estatal y alega que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos.
Esta misma tasa la aprobó el Gobierno de la Comunidad de Madrid y entró en vigor en esta región el 1 de enero de 2013. El Gobierno también dedició recurrir esta tasa en uno de los últimos Consejo de Ministros en «un ejercicio de responsabilidad» al considerar que vulnera el «principio de igualdad» de los ciudadanos y se «grava un acto médico».