La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA) para dar cumplimiento a sus fines estatutarios, tiene frecuentemente necesidad de acceder a diversos documentos, datos y expedientes, relacionados con temas medioambientales, en poder de la Administración andaluza. Pero en opinión de ASANDA, la Junta de Andalucía no viene distinguiéndose por reconocer y facilitar tal derecho a sus administrados. Muy al contrario, la Administración andaluza parece entender que necesita defenderse de la acción popular a base de mantener una actuación opaca. Un ejemplo paradigmático de tal forma de actuar es el expediente en el que se ha fundamentado ASANDA para tramitar la denuncia contra la Administración andaluza ante la Convención Aarhus. Desde mediados de 2008 ASANDA está intentando acceder a los resultados de una inspección realizada por la Dirección General del Medio Natural al Parque Zoológico de Ayamonte. Un zoológico que normativamente debería estar clausurado y que, por razones no aclaradas, parece estar al abrigo de cualquier acción administrativa enérgica. Pero los resultados de una inspección de base medioambiental, realizada por funcionarios públicos a unas instalaciones públicas y financiada con presupuesto público, pretende ser calificada de confidencial por la Administración, utilizando para ello todos los recursos de los que dispone, incluso el de negar la asistencia jurídica gratuita para que un juez no pueda determinar de qué parte está la legalidad.
La Comisión Aarhus, tras recibir la denuncia de ASANDA junto con todas las pruebas documentales, tras un exhaustivo estudio ha decidido admitirla a trámite por entender que la denuncia cumple con todos los requisitos requeridos y que los hechos documentados tienen que ser tenidos como relevantes de una posible infracción. La decisión de admisibilidad ya ha sido comunicada a la parte denunciada.