No evita la pérdida de la vivienda y por tanto promueve el desarraigo
No da respuesta a la necesidad de vivienda y sobrecarga la red de solidaridad familiar y social
Debilita más al sistema financiero, empeorando sus balances, al incorporar más ladrillo a los mismos
La retroactividad crea inseguridad jurídica y extiende el círculo vicioso en la economía
ADECES (Asociación Pro Derechos Civiles Económicos y Sociales) ante las expectativas despertadas por la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular contra los Desahucios, considera que, aunque es urgente dar una respuesta legal y jurídica a la grave situación que viven miles de familias con una crítica situación económica y deudoras de un crédito hipotecario, la dación en pago no es la solución y, menos aún aplicarla con carácter retroactivo por las consecuencias lesivas que acarrearían para el conjunto de los ciudadanos y, porque no evita la pérdida de la vivienda, si no la deuda.
Reformar la Ley Hipotecaria
Para ADECES es necesario reformar la Ley Hipotecaria de tal modo que reconozca una figura similar a la que se emplea normalmente en el tráfico mercantil como es el “concurso de acreedores”.
A partir de este reconocimiento, la entidad financiera (acreedor hipotecario) y los deudores hipotecarios que no pueden hacer frente a su deuda tienen la obligación de darse un plazo para negociar unas nuevas condiciones que permitan afrontar a las familias hipotecadas la deuda pendiente.
En última instancia y ante la falta de acuerdo será el juez en función de las circunstancias (situación del deudor, cantidad pagada, cantidad pendiente de pago…) el que fije las condiciones de pago.
Dichas condiciones pueden consistir en ampliar el plazo de pago, reducir la cuantía del mismo en un determinado período, incluso en la posibilidad de establecer una quita, etc.
De este modo se seguirían cubriendo las necesidades de vivienda de las familias, evitando la pérdida de la misma, no se las empujaría al desarraigo (en una buena parte de los casos) y se evitaría sobrecargar la red de solidaridad social y familiar que es la que está saliendo al quite de estas complicadas situaciones.
Consecuencia de la dación en pago
Por el contrario, según ADECES, la dación en pago debilita el sistema financiero, empeorando sus balances al incorporar más ladrillo a los mismos, sirva como dato que en una de cada 5 hipotecas pronto la deuda será mayor que el precio del inmueble.
Detrás de está situación de deterioro de los balances se encuentra el esfuerzo que tendrán que realizar los ciudadanos ya sea para seguir capitalizando las entidades con problemas o por la vía de sufrir más recortes sociales.
Pero, además, están los efectos sobre la economía, ya que en la medida que las entidades tengan que realizar nuevas provisiones para cubrir la devaluación de este ladrillo proveniente de las daciones en pago, habrá menos recursos para inyectar crédito en el tejido productivo y el círculo vicioso se prolongará elevándose el desempleo, retrayéndose el consumo, etc.
Por otra parte, los créditos hipotecarios son instrumentos que se emplean en el sector financiero para solicitar préstamos que a su vez siguen alimentando el canal del crédito (hoy muy escaso), es decir, se usan como garantía, en consecuencia, si ahora se introduce la dación en pago como mecanismo para saldar deudas y, además, se hace con carácter retroactivo, quiere decir que los instrumentos que en su día se ofrecieron como garantía se han devaluado y se estará introduciendo una inseguridad jurídica muy peligrosa para la credibilidad como país.
La declaración del Parlament de Baleares
En este debate tan a flor de piel, ADECES, considera que los representantes institucionales deben huir de posicionamientos fáciles o populistas que puedan acarrear un mayor grado de deterioro a la situación general del país. En este sentido, aunque la Declaración del Parlament matiza considerablemente el uso del carácter retroactivo de la dación en pago, no deja de ser curioso que sea una Institución la que formule una medida de esta envergadura.
Solidaridad
No estar a favor de la dación en pago ni de su carácter retroactivo no supone que ADECES defienda que el Estado no preste su cobertura y solidaridad a las personas y familias que lo necesiten mediante alquileres sociales o incluso gratuitos. De hecho está ha sido la posición que ADECES defendió hace más de un año cuando se opuso a que el Estado se hiciera cargo de los inmuebles construidos en manos de los promotores.