El gobierno justifica, en parte, esta reforma como una demanda del Parlamento europeo a través del informe Auken. No obstante, la semana pasada la propia eurodiputada danesa Margrete Auken mostró en Madrid su contrariedad por la mala interpretación que hace el preámbulo del Proyecto de Ley afirmando que esta reforma no cumple ninguna de las recomendaciones de su informe.
El nuevo texto aumenta la desprotección del litoral, ignora los efectos del cambio climático sobre la franja costera y propone avanzar en su ocupación, favoreciendo la especulación urbanística y el desarrollo industrial en zonas altamente vulnerables. Un claro ejemplo es que bajo esta nueva Ley se reduce la servidumbre de protección de 100 a 20 metros en las rías y determinados núcleos de población. Además, se prolongan las concesiones y adscripciones hasta un periodo de 75 años, permitiendo la compra-venta de dicho terrenos.
Asimismo, la reforma excluye del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) ecosistemas como salinas y dunas, sin ninguna justificación jurídica para su modificación, al tiempo que vulnera la protección que la Constitución Española hace del litoral, según WWF. Cabe recordar que estos ecosistemas tienen una importante función como amortiguadores naturales frente a temporales y avenidas que, acorde con las previsiones (de la comunidad científica internacional), serán cada vez más frecuentes e intensos.
La organización insiste en que durante la elaboración de la reforma de Ley no se han tenido en cuenta estudios técnicos, financiados y avalados por el propio Ministerio, ni otros informes científicos, que desaconsejan estos cambios, ya que ponen en riesgo la seguridad de las personas, su patrimonio y las infraestructuras a medio y largo plazo.
De hecho, se desoye el riesgo de sufrir inundaciones de determinados núcleos de población y propone la exclusión del DPMT de estos centros urbanos. Todo ello al contrario de lo que sucede en el resto de Europa y EEUU, donde se está actuando en dirección contraria, aumentando la protección de la franja costera, como principal línea de defensa, y llevando las infraestructuras al interior.
Se dice que el objetivo de la reforma es lograr la seguridad jurídica. Sin embargo, lo que se consigue es todo lo contrario. Se pretende revisar el deslinde del litoral español -con tramos ya ratificados por sentencia firme del Tribunal Supremo – en base a criterios que no se especifican: “a partir de criterios técnicos que se establezcan [sic]”. Y, además, se establecen multitud de excepciones a los principios generales de la Ley en núcleos urbanos, urbanizaciones e islas como Formentera. A las que están sumándose propuestas y enmiendas de diversas fuerzas políticas para excluir del DPMT otros lugares de la costa.
Por último, destacar que todas estas medidas tendrán un coste ambiental, social y económico que se desconoce. De hecho, a día de hoy, no se sabe cuánto supondrá para el erario público la aprobación de esta Ley: el avance de la ocupación costera –mantener en buen estado playas y fachada litoral -; el nuevo deslinde de los casi 8.000 km. de costa española; la salida del dominio público de dunas y salinas; la inscripción en el Registro del Propiedad del DPMT, etc…
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF, ha manifestado: “La decisión del Congreso hoy supone un retroceso de 40 años, cuando España soportaba los peores momentos del desarrollismo urbanístico en la costa. Nunca hubo una voluntad política de aplicar adecuadamente la Ley de Costas y hoy tendrá lugar su demolición definitiva”. Asimismo, concluye: “la reforma se ha realizado sin una adecuada participación pública, de espaldas a la sociedad; pero desde WWF seguiremos empujando para evitar los efectos de esta reforma”.