El Banco de España detectó y toleró el escándalo de las preferentes desde 2002
ADICAE califica de irresponsables e insuficientes las excusas planteadas por el exgobernador del Banco de España y destaca las falsedades de su declaración
Madrid, 23 de julio de 2013.- La Asociación de Consumidores y Usuarios ADICAE, que agrupa a miles de afectados por el fraude de las preferentes y deuda subordinada, critica la falta de responsabilidad del exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en la respuestas dadas a la comisión del Parlamento de Galicia que investiga la fusión de las cajas gallegas y su posterior nacionalización. Estas declaraciones confirman la ya contrastada posición de defensa de los intereses de la banca a costa de los derechos de los consumidores que ha demostrado el supervisor.
Para ADICAE, la respuesta a los diputados gallegos no sólo es insuficiente y negligente, ya que evita por todos los medios asumir cualquier tipo de responsabilidad ante un fraude que afecta a millones de ahorradores y que contó con la connivencia del Banco de España, sino que se encuentra repleta de falsedades y mentiras con las que MAFO intenta tapar una actuación gravemente perjudicial para los consumidores.
En su declaración el ex gobernador afirma que “el papel del banco de España se limita a la calificación de estos instrumentos financieros como recursos propios”, mintiendo premeditadamente e ignorando que la Ley de Autonomía del Banco de España le atribuye la función de supervisar el cumplimiento “de la normativa específica de las entidades de crédito, otras entidades y mercados financieros”
La institución debería haber creado los mecanismos de control preventivo necesarios para evitar este tipo de abusos, tal y como ha solicitado ADICAE en numerosas ocasiones.
Ordoñez trata de justificar la acción del Banco de España en un conflicto que ha volatilizado más de 100.000 millones de euros en ahorros de consumidores, cuando el Banco de España detectó y toleró el escándalo de las preferentes desde 2002, como demuestra el Informe de Estabilidad Financiera de ese año.
Ya en noviembre de 2002 el Banco de España expresó, en el Informe de Estabilidad Financiera, “su preocupación por la forma en la que, en determinados casos, se comercializan (las participaciones preferentes) entre la clientela minorista tradicional”.
Lejos de actuar en sentido alguno, en un informe realizado por el supervisor en 2009 apuntó que la comercialización de estos productos se había incrementado con intensidad. Como el propio Defensor del Pueblo ha destacado, “Resulta difícil entender que, en 2002, con mucho menos volumen de capital en preferentes, manifestara su preocupación y avisara de los riesgos de estos productos, mientras que, en 2009, apoyaba el aumento de este capital como recursos propios de las entidades”.
Con el argumento de que es “la Comisión Nacional del Mercado de Valores el organismo responsable de su supervisión”, vuelve MAFO a mentir para intentar eludir su responsabilidad, obviando de manera premeditada no sólo sus propias actuaciones e informes en los que llamaba la atención sobre el problema, sino las funciones que la Ley de Autonomía del Banco de España atribuye al supervisor, entre las que se encuentra la de supervisar el cumplimiento “de la normativa específica de las entidades de crédito, otras entidades y mercados financieros”.
Con su declaración el ex gobernador pretende ocultar una realidad, en la que tras la inacción durante años, y después de que se detectase y tolerase el escándalo de la colocación masiva de participaciones preferentes, la única actuación fue la de dar “la receta” a la banca para solucionarlo a costa de los ahorros de cientos de miles de familias: cambiarlas por acciones.