El Proyecto de Ley del Sector Eléctrico, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, no es la reforma que necesitamos. Ha quedado reducida a una serie de medidas coyunturales con el único objetivo de detener el crecimiento del déficit de la tarifa, generado por una estructura que esta Ley consolida, y supondrá mantener tarifas eléctricas de las más caras de la Unión Europea.
Además, implicará incrementos en los precios del recibo de la luz, menos inversión por parte de las empresas, repercusiones negativas sobre la calidad y seguridad del servicio y tendrá consecuencias sobre el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores.
Con sus medidas, el Gobierno pretende hacer recaer sobre los consumidores (empresas y personas), las empresas del sector y los contribuyentes la reducción del déficit estructural de la tarifa eléctrica, situado en el entorno de los 4.500 millones de euros anuales, con un déficit acumulado de unos 26.000 millones de euros, prácticamente tres puntos de nuestro PIB, lo que sin duda es un enorme problema no sólo para el sector eléctrico sino para el conjunto de la economía española.
Para UGT estas medidas son una piedra más en el largo camino de la recuperación económica, en un momento de desempleo masivo, recesión y caída del consumo y cuando ya nuestras tarifas eléctricas para la industria, en muchos casos, superan el 50% de la media europea.
El incremento del recibo a los consumidores supondrá también un aumento inmediato sobre los precios, aumentará el coste de la energía para la producción y reducirá el poder de compra de los ciudadanos, todas ellas cuestiones muy negativas, especialmente, en una situación económica como la actual.
Desde UGT estamos convencidos que estas medidas no van a contribuir a solucionar el grave problema energético de este país sino, muy al contrario, van a empeorar la competitividad de nuestras empresas y van a aumentar sus costes energéticos, lo que será un factor muy negativo para nuestra economía. A falta de un análisis más en profundidad sobre el texto aprobado por el Consejo de Ministros, sí está claro que algunas cuestiones van a repercutir muy negativamente, a corto y medio plazo, sobre el consumo y la inversión, los dos componentes básicos de la actividad económica. Por tanto, será un nuevo revés para la recuperación económica de nuestro país, empeorará la calidad y cantidad del empleo y va a contribuir, aún más, al empobrecimiento de la mayoría de la población de este país, ya duramente castigada por las consecuencias de la crisis económica.
Finalmente UGT considera un error más del Gobierno el procedimiento sin diálogo con las partes afectadas, con continuos parcheos con los que se está tratando esta reforma de un sector estratégico y de tanta importancia para el futuro de nuestro modelo energético y productivo. La falta de trasparencia ha impedido un debate público sosegado y ha situado innecesariamente la cuestión en un debate de intereses cuando éste es un aspecto central para nuestro futuro. Y todo ello sin resolver los problemas estructurales de nuestro sector eléctrico.