El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es uno de los ejemplos más gráficos: desde 2008 cientos de miles de ciudadanos han visto dispararse este recibo, con subidas que en muchos casos alcanzan el 60% y en otros incluso superan el 100%.
Este incremento brutal se debe a:
la actualización de los valores catastrales
la subida de los tipos del impuesto
la eliminación de bonificaciones y aumento de recargos
la decisión del Gobierno central de aplicar un incremento extraordinario
En el mismo periodo, el precio de la vivienda ha caído cerca de un 30% y la capacidad económica de las familias no ha dejado de caer.
Un golpe para los colectivos desfavorecidos
Para OCU, el IBI está completamente desconectado de la capacidad económica de los contribuyentes y de la evolución del valor de los bienes inmuebles, a los que grava.
La subida afecta a todos los propietarios, pero ha sido especialmente grave para los dueños de una vivienda habitual, sobre todo para colectivos desfavorecidos como parados, pensionistas, viudas y viudos, titulares de viviendas de protección oficial, etc.
Ante esta situación, y a pesar de la movilización a nivel local de diversos colectivos, las autoridades locales y nacionales eluden sus responsabilidades y se culpan mutuamente.
Firmas contra la subida del IBI
OCU quiere parar la subida indiscriminada del IBI. Hacemos un llamamiento a los ciudadanos para que firmen en contra del incremento desproporcionado del IBI. Firma aquí.
Con el apoyo ciudadano, OCU pedirá:
al Gobierno central: que no se prorrogue la subida extraordinaria del IBI en 2014.
a los ayuntamientos y a la Dirección General del Catastro: que se respete la ley y no se admitan valores catastrales que superen el límite legal del 50% del valor de mercado.
a los ayuntamientos: que las subidas del valor catastral sean compensadas en 2014 con otras medidas, como la reducción del tipo impositivo, bonificaciones y subvenciones para colectivos desfavorecidos.
a todas las administraciones: que se revise un sistema impositivo a todas luces injusto que permite subidas indiscriminadas del 30, 40 o 60% en los últimos años.
OCU considera que todas las administraciones son responsables de que este impuesto sea una pesada carga para los hogares y todas ellas tienen la responsabilidad de adecuarlo a la situación económica real.