La denuncia interpuesta el pasado 11 de marzo del 2013 fue desestimada por el Juzgado nº 7 de Madrid. En el recurso de apelación se incluyen nuevos datos e informes que se han ido haciendo públicos en los últimos meses y que constan en distintos procedimientos abiertos contra los responsables de la quiebra del 50% del sistema financiero español.
Entre los argumentos utilizados en el recurso figura que se debería haber desarrollado actividad instructora conforme a las Diligencias solicitadas en la querella para que el instructor pudiera valorar con mayor sustento la admisión o no de la querella.
La inadmisión de la querella es cuando menos precipitada y carente de justificación.
Los hechos relatados en la querella son perfectamente subsumibles en los preceptos penales y por tanto existe una clara apariencia delictiva, por lo que la dificultad probatoria no puede constituir un elemento de inadmisión sino que debe ser una circunstancia que podrá dar lugar al sobreseimiento o a la absolución peor, en ningún caso a la inadmisión.
Si la gestión de supervisión de Caruana primero y posteriormente de MAFO hubiese sido rigurosa, imparcial y hubiese denunciado hechos delictivos que están siendo juzgados en estos momento no se hubiese producido ni el rescate, ni el fraude de preferentes, ni los sueldos estratosféricos, ni los blindajes de las jubilaciones ilegales de altos directivos ni la concesión de créditos fallidos a inmobiliarias que no aportaron las mas mínimas garantías y que se concedían créditos por amiguismo o pertenencia a determinados partidos políticos.
En definitiva, la crisis no se hubiese evitado pero las consecuencias hubiesen sido mucho menos traumáticas pues no se hubiese llevado por delante a gran parte del sistema financiero.
Indudablemente, son las personas que ocuparon el cargo de Gobernador del Banco de España quienes hicieron posibles mediante su inacción la situación actual que tanta alarma social ha creado.