El documento hace un análisis en profundidad de los cuatro pilares sobre los que se basa la nueva legislación (Mecanismo Único de Supervisión, Mecanismo Único de Resolución, Red de Seguridad y Regulación Única) y señala dos tipos de impactos para las entidades financieras, en función del calendario de la entrada en vigor de la normativa: en el corto, hasta 2016, y en el medio y largo plazo, a partir de entonces.
El corto plazo -hasta 2016-, será probablemente la fase más crítica para las instituciones financieras, que tendrán que afrontar importantes retos de forma inmediata. El primero, la evaluación exhaustiva de las principales entidades financieras europeas, que incluirá tres pruebas distintas y consecutivas antes de noviembre de 2014. De esta evaluación saldrá una valoración global sobre el grado de solvencia de cada banco que podría llegar a requerir medidas de reposición de capital o de otro tipo para sanearlo.
En este primer periodo, las entidades españolas tendrán que adaptarse a un nuevo modelo de supervisión operativo, preventivo y estratégico del BCE, que se apoyará más en la revisión del control interno, de la gobernanza y de la solvencia que en la revisión contable. Una nueva supervisión que exigirá cambios sustanciales en la organización interna de las entidades. El BCE tiene previsto tutelar a 130 entidades (el 85% de los activos bancarios consolidados de la UE). Este control, sin embargo, no será homogéneo en todos los países de la unión. En España, por ejemplo, afectará al 90% de los activos consolidados mientras que en Alemania este porcentaje será del 65%.
Por último, los bancos deberán prestar la máxima atención a la planificación (y no solo al cumplimiento) de los criterios de capital y liquidez, que son los que van a determinar la comparación con el resto de las entidades europeas.
En el medio y largo plazo, a partir de 2016, las repercusiones para las entidades vendrán dadas, en buena parte, por la entrada en vigor del mecanismo de resolución. El orden de prelación de acreedores establecido en el rescate interno, que se activará en 2016, será un factor condicionante clave en la estructura del pasivo de cada entidad y puede llegar a afectar a su composición y a su coste.
En este sentido, todas las entidades bancarias deberán elaborar planes de recuperación, revisables anualmente, para hacer frente a hipotéticas situaciones de emergencia. Esos planes obligan a las entidades a detallar exhaustivamente su estructura interna, a precisar qué parte de sus negocios son prescindibles y a establecer un sistema de cortafuegos para el caso de que se produzca un deterioro significativo de su posición.
El informe, elaborado por el Centro de Sector Financiero de PwC e IE Business School, hace una valoración positiva del proyecto de Unión Bancaria, que debe servir de vacuna ante futuras crisis bancarias, evitando el efecto contagio característico de los episodios de inestabilidad y minimizando los efectos para el bolsillo de los contribuyentes. El proyecto también contribuirá a una mejor transmisión de la política monetaria, y en particular, la de los tipos de interés, la economía real, que en los últimos años se ha visto afectada por distorsiones generadas por la fragmentación de los sistemas financieros.