La entidad recientemente adjudicada al BBVA nos ha costado a los españoles más de 12.000 millones de euros como consecuencia de una nefasta gestión en la que la fiscalía y Ausbanc ven hechos constitutivos de delito.
Con la adjudicación de Catalunya Banc (CB) al BBVA se cierra provisionalmente uno de los episodios más tristes de la historia económica española: la laminación del sistema de cajas de ahorros que funcionó correctamente hasta que los políticos las hicieron suyas. A pesar del alto coste que ha tenido para los contribuyentes es de esperar que los nuevos bancos adjudicatarios de las cajas, y especialmente el BBVA, que se ha hecho cargo del mayor problema (solo CB ha recibido más ayudas que Bankia) sepan resolver con su profesionalidad y buen hacer los problemas que aún pueda subsistir en los balances.
Pero mientras el BBVA se esfuerza en solventar los problemas derivados de la mala gestión de la Caja, no debe dejar de defender los intereses de los españoles poniendo en conocimiento de la Justicia aquellas operaciones que sean susceptibles de ser investigadas.
Exactamente igual que está realizando AUSBANC y otras acusaciones populares en este y en otros casos, en los que la fiscalía ha optado por no hacer su trabajo correctamente.
En fecha 3 de septiembre de 2013 el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Fernando Maldonado Clavero, presentó ante el Juzgado de Instrucción de guardia de Barcelona la correspondiente denuncia contra 54 miembros del consejo de administración de Caixa d’Estalvis de Catalunya encabezados por su presidente, Narcís Serra Serra, y su director general Adolf Todó Rovira.
Los hechos que motivaron esta denuncia a la que se adhirió Ausbanc, fueron que habiéndose fusionado la entidad con las cajas de ahorros de Tarragona y Manresa el 30 de junio de 2010, y habiendo suscrito el FROB mediante tres desembolsos por 12.050 millones de euros la totalidad del capital de la entidad resultante, y en contra de la normativa que establece la prudencia en lo que se refiere a la retribución de sus altos directivos, el entonces presidente de la entidad, Narcís Serra decidió contratar a Adolf Todó Rovira como director general y a Jaume Massana Ribalta como director general adjunto con unas condiciones económicas escandalosas en lo que la propia Fiscalía califica como ”irresponsable política de retribuciones asumida por los órganos de la entidad” constituyendo todo ello inicialmente un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal.
Cronología de una denuncia de hechos delictivos
A la vista de estos hechos, y habiéndose personado Ausbanc como acusación popular, se detectaron varios acuerdos del consejo de administración de la entidad de fecha 13 de octubre de 2010 que se consideró por nuestra parte que revestían indicios de delito societario por cuanto habían sido adoptados apartándose de la práctica habitual bancaria, siendo contrarios al buen gobierno de una entidad financiera, en relación con dos operaciones de las empresas Alcalá 120 Promociones y Gestión Inmobiliaria S.L. y Grup Habitat en las que en el primero de los casos se renovaba un crédito por 30.000.000 de euros que se destinaban entre otras cosas a la cancelación de una hipoteca con otra entidad financiera, el BBVA, sin garantías reales, y en el segundo de los casos se renunciaba a unas garantías reales estando los préstamos en mora en una operación cuyo nominal se aproximaba a los 89.000.000 de euros. Ambos acuerdos diametralmente opuestos al buen gobierno de una entidad financiera. Por todo ello, con fecha 25 de octubre de 2013, Ausbanc solicitó la ampliación de la denuncia y la práctica de las diligencias de investigación en relación con ambas operaciones.
Ante la oposición de las defensas de los Sres. Narcís Serra, Adolf Todó y restantes denunciados, el Juez titular del Juzgado de Instrucción nº 30 de Barcelona ha decidido seguir adelante con la investigación de los hechos
Una entidad financiera, máxime una caja de ahorros, cuando existían, tiene la obligación de cumplir fielmente con el principio de la intermediación financiera guiada por las buenas prácticas de gobierno y velar por los intereses de sus depositantes. Catalunya Banc, en su día Caixa d’Estalvis de Catalunya, y concretamente sus máximos responsables, los señores Serra y Todó, así como los miembros del consejo de administración que aprobaron las disparatadas condiciones económicas en la contratación de los Sres. Todó y Massana, y las dos operaciones motivo de la ampliación de la denuncia, fueron total y absolutamente en contra de los principios de prudencia y buen gobierno, máxime en una entidad que había recibido más de 12.000 millones de euros del FROB para garantizar su viabilidad. Es muy loable también por su parte que el ministro Luis De Guindos haya reconocido hoy que “el Frob está analizando las operaciones de Catalunya Banc y si detectara “comportamientos irregulares”, sin ninguna duda los enviaría a la Fiscalía. “Lo que está haciendo el Frob con Catalunya Caixa (nombre comercial de Catalunya Banc) es analizar cómo es posible que hubiera una cartera hipotecaria en la cual la mora estaba muy por encima de la media de lo que ocurre con las carteras hipotecarias en España”, ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser” Prueba de los indicios de mala actuación y criminalidad en la aprobación de ambas operaciones lo constituye el hecho de que tanto la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada como la Candidatura de d’Unitat Popular, las otras partes acusadoras, se han adherido a la ampliación de la denuncia solicitada por Ausbanc.
La historia de desencuentros con Catalunya Banc viene de largo. Ya en noviembre de 2009, antes de que saltara la quiebra de la entidad y su intervención por el FROB, Ausbanc convocó una concentración en Barcelona porque la entidad se negaba a cumplir una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que la obligaba a devolver a sus clientes las cantidades cobradas de más como consecuencia del redondeo al alza en las cuotas de los préstamos hipotecarios a tipo de interés variable. A los afectados se unió también la protesta de los pequeños y medianos comerciantes de la ciudad por la negativa de la entidad a renovar pólizas de préstamo personales que estaban causando la quiebra y el cierre de muchos de ellos.
Ausbanc está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias en la exigencia de responsabilidades civiles, penales y económicas a aquellos que fueron los máximos responsables de una entidad que ya trataba mal a sus clientes, pero que luego han demostrado que no les importaba nada la propia entidad, sino sus exageradas e incomprensibles condiciones económicas en detrimento de los intereses de los depositantes, los clientes y de los bolsillos de todos los españoles que a través del FROB han tenido que aportar más d 12.000 millones de euros para hacer viable lo que cuatro señores habían convertido en inviable en beneficio propio.