El Consejo ha adoptado la Directiva relativa a la asistencia jurídica gratuita para los sospechosos o acusados en los procesos penales y en los procedimientos relacionados con la orden de detención europea. La asistencia jurídica gratuita es el apoyo financiero o judicial que reciben los sospechosos o acusados que no disponen de recursos suficientes para cubrir los costes del procedimiento. Las nuevas normas garantizarán que el derecho a la asistencia jurídica gratuita se ejerza y la propia asistencia se ofrezca de manera uniforme en toda la UE. Los sospechosos o acusados deben beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita desde las primeras fases de los procesos penales y esta se concederá con arreglo a criterios claramente definidos en la Directiva.
Frans Timmermans, primer vicepresidente responsable del Estado de Derecho y de la Carta de los Derechos Fundamentales, ha declarado: «Todo aquel que sea objeto de un proceso penal tiene derecho a una protección jurídica y a un abogado que resulten asequibles. En eso consiste el Estado de Derecho. Las reglas que hoy hemos adoptado garantizarán este principio en todo el territorio de la Unión».
La nueva Directiva contempla las siguientes garantías:
- Concesión rápida de la asistencia jurídica gratuita
La asistencia jurídica gratuita se concederá, como muy tarde, antes del interrogatorio, en especial por parte de la policía, o con anterioridad a determinados actos de investigación o de obtención de pruebas, tal como se establece en la Directiva.
- Criterios claros para conceder la asistencia jurídica gratuita
Los Estados miembros utilizan diferentes tipos de evaluación para determinar si procede conceder la asistencia jurídica gratuita: La evaluación de los recursos (en relación con los recursos de la persona de que se trate, incluidos sus ingresos y su patrimonio), la evaluación del fundamento (en relación con la necesidad de garantizar el acceso efectivo a la justicia en las circunstancias del caso) o ambas cosas.
Las nuevas normas establecen criterios dos claros para determinar estas evaluaciones:
- cuando un Estado miembro aplique una evaluación de los recursos, deberá tener en cuenta todos los factores pertinentes y objetivos, como los ingresos, el patrimonio y la situación familiar de la persona afectada, el coste de la asistencia jurídica y el nivel de vida del Estado miembro de que se trate.
- cuando un Estado miembro aplique la evaluación del fundamento, deberá tener en cuenta la gravedad de la infracción, la complejidad del asunto y la gravedad de la sanción aplicable, a fin de determinar si los intereses de la justicia requieren la concesión de asistencia jurídica gratuita.
- Asistencia jurídica gratuita en los procedimientos relativos a la orden de detención europea
Existirá un derecho a la asistencia jurídica gratuita en el procedimiento de la orden de detención europea. Este derecho se aplicará en el Estado miembro que ejecuta la orden de detención y también en el Estado miembro en el que la orden haya sido dictada, en los procesos penales.
- Un mejor proceso de toma de decisiones en materia de asistencia jurídica gratuita
La Directiva garantiza que las decisiones relativas a la asistencia jurídica gratuita se adopten con diligencia, y que las personas sean informadas por escrito si su solicitud es rechazada en su totalidad o en parte. Para ello, establece reglas relativas a la calidad de la asistencia jurídica gratuita y a la formación del personal que participa en el proceso de toma de decisiones, incluidos los abogados. En caso de vulneración de los derechos establecidos en la citada Directiva, deberá poderse acceder a una tutela judicial efectiva.
Próximos pasos
Los Estados miembros deberán transponer la citada Directiva en un plazo de 30 meses tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Estos derechos serán efectivos a partir de mayo de 2019.
Antecedentes
La citada Directiva se aplicará a todos los Estados miembros, a excepción de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido.
La Directiva sobre justicia gratuita es la tercera y última Directiva acordada del paquete de propuestas en el ámbito del derecho a un juicio justo en los procesos penales presentado por la Comisión en noviembre de 2013. Su adopción completa el plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales, adoptado en 2009.
Se han logrado avances significativos en los últimos años en la labor de reforzar los derechos procesales de los sospechosos y acusados en la Unión Europea. Desde la adopción del plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales (2009), se han adoptado cinco Directivas. Dichas Directivas establecen derechos fundamentales, como el derecho a interpretación y a traducción, el derecho a la información y el derecho a la asistencia de letrado.