El pasado viernes 2 de diciembre, Cristóbal Montoro aprobó en Consejo de Ministros una batería de medidas en la prevención del fraude fiscal que incluye una serie de modificaciones en el Reglamento del IVA. En concreto, se pone en marcha el denominado como Sistema de Información Inmediata (SII), con efectos desde el 1 de junio de 2017.
Se trata de un nuevo sistema de información en virtud del cual las empresas adheridas tendrán que informar de todas las facturas emitidas y recibidas en el plazo máximo de cuatro días de forma telemática, si bien este plazo se ampliará a los ocho días durante los seis primeros meses de funcionamiento del sistema.
En el caso de las facturas emitidas, el plazo comenzará a contar desde el momento de su expedición mientras que, en el caso de las facturas recibidas, este plazo comenzará a contar desde el momento de su registro contable. Además, se deberán identificar tanto a los emisores como a los receptores de las mismas, así como otros datos que actualmente no se manifiestan en las declaraciones, tales como el número de DUA o los números de registro de facturas.
A este sistema estarán obligados a acogerse todas aquellas empresas que se encuentren en el Régimen de Devolución Mensual(Redeme), todas aquellas compañías con una facturación superior a los seis millones de euros anuales y todas aquellas empresas que, de manera voluntaria, comuniquen su intención de adherirse al sistema.
Una mayor prevención del fraude
Este sistema facilitará a la Agencia Tributaria una mayor prevención del fraude, al tener un mayor control de los datos fiscales de los contribuyentes. Además, facilita la gestión del IVA a los sujetos pasivos, ya que la información está disponible casi en tiempo real, lo que permitirá en última instancia es evitar algunas operaciones anuales, como la supresión de los modelos 347, 340 y 390, además de la elaboración de los libros registros del IVA.
En la práctica, sin embargo, la adaptación a este nuevo sistema conllevará al principio una serie de problemas a las empresas, incluyendo la inversión inicial en nuevos sistemas informáticos o adaptación a los ya existentes, la mayor frecuencia en la que se remitirá información fiscal con la consiguiente necesidad de dotación de recursos.
El hecho de que haya tan poco para su implementación efectiva acarreará muchos problemas de liquidez para las empresas. Veremos si, a partir del 1 de junio, las teóricas bondades del mismo justifican el desembolso inicial necesario para su puesta en funcionamiento. La realidad es que Hacienda quiere tener un mayor control sobre las empresas, y ya hemos perdido la cuenta de cuántas veces ha ocurrido esto en los últimos años.