Una de las medidas estrellas anunciadas para luchar contra el fraude y mejorar la recaudación fiscal, la limitación a 1000 euros del pago en efectivo, no entrará en vigor el próximo 1 de enero. Según anunció José Enrique Fernández de Moya, Secretario de Estado de Hacienda, la medida se negociará y remitirá al Congreso para su aprobación junto con un conjunto de medidas tributarias.
El motivo no es otro que aumentar la recaudación para cumplir con los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas. Los pagos en efectivo es una forma en la que aflora la economía sumergida y esta limitación viene a profundizar en la ya lanzada en 2012 que los limitaba a 2500 euros.
Para la ATA, también puede ser un paso adelante para reducir la competencia desleal, al ponerlo un poco más difícil para trabajar como falsos autónomos. De todas formas hay que ponerlo en duda, puesto que por su propia definición, los pagos que no constan en ningún lado pueden ser de cualquier cantidad, aunque luego haya más dificultad a la hora de aflorar este dinero negro.
En todo caso supone un paso más hacia la bancarización de las transacciones de los negocios, donde ahora una comida de negocios en un restaurante con varios comensales puede pasar esta cifra con facilidad. Para las empresas tener que asumir más costes por pagos con tarjeta desde luego no será de ayuda.
Sería interesante que cumpla su objetivo de mejorar la recaudación y que no se suban otros impuestos que afecten al consumo o recaigan en las pequeñas empresas y autónomos.