“El Gobierno de España ha omitido en la transposición a nuestro ordenamiento jurídico los artículos relacionados con las características de los nuevos equipos de medida de consumo eléctrico”, así explica la Plataforma Ciudadana QAE la denuncia que ha interpuesto a la Comisión Europea, asegurando que “las compañías eléctricas en España están instalando unos contadores que no reúnen los requisitos exigidos por el Parlamento Europeo mediante la Directiva de Eficiencia Energética”, así justifica la Plataforma Ciudadana QAE la denuncia interpuesta a la Comisión Europea.
Y es que, un estudio realizado por QAE concluye que “la presencia del nuevo contador de electricidad, denominado ‘inteligente’, conlleva un incremento del importe total del recibo entre un 20 y 35% con los mismos hábitos de consumo eléctrico”. Esta preocupante situación, sigue el informe, podría contribuir en gran medida al aumento de la pobreza energética, que afecta en la actualidad a los consumidores domésticos de electricidad al hacerse inviable asumir el elevado coste de la electricidad que, tan solo en el año 2016, lleva acumulado un incremento del 28%.
Ante las advertencias de la Comisión Europea de una posible sanción al Estado Español, el Gobierno hizo público en el BOE el Real Decreto 56/2016, mediante el cual se transpone parcialmente la mencionada Directiva, “pero omite los artículos 9 a 11 que son precisamente los relacionados con estos nuevos dispositivos”, explican desde QAE.
En la actualidad más de una decena de ayuntamientos españoles han aprobado en sus plenos la suspensión inmediata de los contadores pendientes de sustituir, y la Diputación de Barcelona ha instado a la Generalitat para que interrumpa en toda Cataluña el cambio de estos nuevos dispositivos electrónicos. QAE también ha denunciado esta preocupante situación ante el Organismo Regulador del sector eléctrico, la CNMC, así como en la oficina del Defensor del Pueblo.
Desde Bruselas se ha abierto un expediente disciplinario al organismo encargado de gestionar los procedimientos técnicos de los contadores inteligentes, debido a que se ha detectado un conflicto de intereses entre el sector de las Telecomunicaciones y la industria eléctrica.
Además, “todavía no se ha certificado científicamente que las alteraciones que producen estos contadores sobre los campos electromagnéticos no perjudican a la salud, lo cual sí ha confirmado la Organización Mundial de la Salud (OMS) al clasificarlos de riesgo carcinógeno de nivel 2B”, concluye el informe de la Plataforma Ciudadana QAE.