Los países de la eurozona sopesan aplazar la participación en el segundo rescate de Grecia de los bancos privados, a los que Alemania quería exigir que aceptaran un retraso en el pago de la deuda griega. El Eurogrupo pretende así sortear la oposición del Banco Central Europeo (BCE) y lograr un acuerdo de mínimos rápido que evite la quiebra del país en julio.
La UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ultiman los preparativos del segundo rescate de Grecia -que se sumará a los 110.000 millones de euros del actual plan de asistencia- cuyo importe podría oscilar entre 30.000 y 60.000 millones de euros, dependiendo de si cubre sólo el año que viene o también las necesidades de financiación de 2013.
Representantes de los ministros de Economía de la eurozona se reúnen este miércoles en Viena para discutir este segundo rescate, según ha informado el diario ‘Wall Street Journal’. El objetivo es lograr un compromiso durante la reunión del Ecofin que se celebra el 20 de junio en Luxemburgo.
El acuerdo es urgente porque el FMI ya ha avisado de que denegará el siguiente tramo de ayuda del actual rescate (3.300 millones de euros de un total de 12.000 millones, que deben pagarse a finales de junio) si no tiene garantías de que Grecia seguirá siendo solvente durante los próximos 12 meses. El ministerio de Finanzas griego ha dicho que sin esta asistencia tendría que declararse en quiebra.
Como condición para activar el segundo rescate, la UE ha exigido a Grecia nuevas medidas de ajuste fiscal y que acelere su plan de privatizaciones, cuya puesta en marcha estará en manos de una agencia independiente, para recaudar al menos 50.000 millones de euros. Una troika del Ejecutivo comunitario, el BCE y el FMI se encuentra en Atenas desde hace semanas para negociar este nuevo plan de austeridad y se espera que su informe esté listo a partir del viernes, según ha dicho este martes el ministro belga de Finanzas, Didier Reynders.
El principal punto de desacuerdo pendiente es el papel de la UE y el FMI en la agencia de privatizaciones. La troika exige estar representada en esta agencia y tener incluso poder de veto. Además, rechaza que el Gobierno de Atenas tenga ninguna silla y exige que cualquier decisión esté protegida por ley y no pueda ser revocada por otro Gobierno, según informa la prensa griega.
Además del nuevo ajuste fiscal, los países de la UE, liderados por Alemania y la Comisión, se habían planteado exigir a los bancos que participen en el segundo rescate de Grecia para que no toda la carga recaiga sobre los contribuyentes. Se trataría de una “reestructuración suave” de la deuda griega, según la definió el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, o una “reprogramación” de los vencimientos de los bonos griegos para dar más tiempo a Atenas a pagar, sin aplicar ninguna quita.
Sin embargo, esta idea ha chocado con el rechazo frontal del Banco Central Europeo, que ha avisado de que la reestructuración de la deuda griega no sólo tendría graves consecuencias para el país -entre ellas una profunda recesión o dificultades del sector bancario para financiarse-, sino que provocaría efectos de contagio al resto de países de la eurozona.
La oposición del BCE ha logrado que Alemania dé marcha atrás. De hecho, su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ya afirmó la semana pasada que reestructurar la deuda de Grecia, retrasando los plazos de devolución o aplicando quitas, es una operación de “alto riesgo” que podría tener consecuencias dramáticas similares a la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers en 2008. En el mismo sentido se expresó el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy.
Por ello, los países de la eurozona están ultimando ahora un acuerdo de mínimos sobre el segundo rescate de Grecia que permita al FMI desbloquear el siguiente tramo de las ayudas. Y la decisión sobre cómo forzar la participación del sector privado se adoptaría más adelante una vez que se resuelvan las diferencias entre Alemania y el BCE.
EP.