ADICAE denunció el 15 de diciembre de 2012 ante el Defensor del Pueblo Europeo a la Comisión, el Consejo europeo, al Eurogrupo y el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) y a los Comisarios de Competencia, Mercado Interior y Salud y Política de Consumidores, solicitando que se inste la anulación de los puntos 14 y 15 del Memorando de Entendimiento por los que se imponen a los afectados por preferentes de entidades nacionalizadas unas pérdidas tan enormes como ilegales.
A juicio de ADICAE la decisión de la UE de imponer quitas a los afectados por preferentes de todas las entidades que reciban ayudas «no solo es injusta y arbitraria, sino ilegal y contraria al Tratado de la UE». Ademas esta medida «ahonda en la perdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas y españolas y profundiza en su desprestigio», expresó el Presidente de ADICAE. Esta denuncia, que fue presentada ante la representación del Parlamento y la Comisión Europeos en España por ADICAE junto a más de 1.000 afectados por el fraude de las preferentes, se interpuso un mes después de que representantes de ADICAE y plataformas de afectados se reunieran en Bruselas a finales de noviembre con eurodiputados y el equipo de Michel Barnier, Comisario europeo de Mercado Interior.
En su escrito ADICAE destacó cómo con esta actuación han sido incumplidos diversos artículos tanto del Tratado de la Unión Europea, de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y del Tratado de Funcionamiento de la UE. Por ello solicitaba al Defensor del Pueblo Europeo una investigación de los hechos denunciados e instar a las diferentes instituciones implicadas a corregir su decisión y a resarcir a las víctimas, dado que, como declaró el Presidente de ADICAE, Manuel Pardos, «el Defensor del Pueblo Europeo puede instar a todas las instituciones europeas a que corrijan la enorme injusticia que se ha cometido con cientos de miles de familias en España». ADICAE acompañó a su denuncia un amplio dossier que acredita como en la comercialización de preferentes y otros «híbridos» durante años se ha incumplido la normativa europea (Directiva MIFID) y todas las normas de protección de los consumidores a nivel europeo y nacional, sin que la CNMV ni organismo alguno actuaran a pesar de ser plenamente conocedores del abuso y fraude masivo que se estaba cometiendo.
Dado que, a pesar del alcance y la gravedad del fraude del que son víctimas cientos de miles de familias, no ha habido respuesta alguna al escrito de ADICAE 4 meses después de su presentación, la Asociación ha iniciado contactos con el conjunto de los grupos parlamentarios europeos para concertar reuniones en las que trasladarles esta circunstancia y solicitar su impulso a la investigación y resolución de las ilegalidades denunciadas por ADICAE. Además la Asociación se ha dirigido hoy al Defensor del Pueblo Europeo requiriendo información sobre la tramitación de la denuncia, reiterando los incumplimientos en que la Comisión y el resto de instituciones involucradas.
La Comisión Europea investiga en paralelo la actuación de las autoridades españolas
Tan sólo 3 días después de la denuncia dirigida al Defensor del Pueblo Europeo ADICAE presentó el 18 de diciembre de 2012 un nuevo escrito ante la Comisión elevando queja formal “contra el Reino de España por infracción del Derecho de la Unión Europea” en relación a su actuación en la comercialización fraudulenta de participaciones preferentes y otros productos similares. En este caso la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión ha acusado recibo de la denuncia e iniciado el procedimiento de investigación fijado para estos casos, si bien ha señalado que “la complejidad de la misma y la cantidad de documentos transmitidos, requieren un estudio más detenido que dificulta darle una respuesta lo más rápidamente posible”.
No obstante ADICAE se ha dirigido hoy también a la Comisión para requerir información sobre el estado de avance actual de los trabajos de la DG Mercado Interior al respecto. El Presidente de ADICAE ha destacado que «estas son las primeras de una batería de actuaciones prevista a nivel europeo, en las que creemos que participaran todas las plataformas de afectados existentes en España y que incluyen la presentación de denuncias y recursos ante el Tribunal de Estrasburgo, el Gobierno e instituciones españolas y europeas».