Las autoridades plantean nuevas medidas recaudatorias con la excusa de defender al consumidor. El nuevo certificado energético de viviendas (desde el 1 de junio) nos costará unos 250, y alquilar una casa en verano conllevará numerosos requisitos y sanciones si no se cumplen.
La OCU quiere denunciar los abusos que las autoridades públicas están utilizando con la excusa de defender al consumidor, puesto que lo único que pretenden es plantear nuevas cargas a los particulares.
Las últimas medidas adoptadas son el certificado energético y un férreo control a los arrendamientos de verano, ambas pautas recaudatorias.
Certificado energético, una excusa para recaudar dinero
La OCU pone en tela de juicio que bajo la etiqueta de “protección al consumidor” se dicten una serie de normas que, en la práctica, sólo tienen la finalidad de sangrar al protegido, alimentar las arcas públicas y oscuros intereses corporativistas.
Un ejemplo de esta pauta para recaudar es la nueva exigencia de obtención de un certificado energético para poder vender o alquilar un inmueble. Según la norma aprobada por el Gobierno, será exigible a partir del próximo 1 de junio a los propietarios que vendan o pongan en alquiler un inmueble.
Esto supone que los propietarios de inmuebles de construcción posterior a 2007 deberán desembolsar unos 250 euros por un piso medio. Ese dinero irá a parar a los profesionales encargados de expedir el certificado y a la tasa por registro del documento.
Muchos profesionales y empresas esperan sacar tajada de esta nueva imposición legal, bajo la justificación de que la exigencia llega desde la Unión Europea y que su finalidad es mejorar la eficiencia energética de los edificios, grandes consumidores de energía.
En los últimos doce meses se han vendido 166.000 viviendas de segunda mano en España, lo que equivale a un coste para los propietarios de más de 41 millones de euros por el nuevo certificado, y eso sin contar con los contratos de alquiler.
No nos lo creemos
La OCU considera que se debe llegar al fondo del asunto. Ponemos en duda que mejorar la eficiencia energética sea la verdadera razón de este nuevo impuesto. Si fuera así, existen otras alternativas menos onerosas para el consumidor: debería realizarse un control real en la fase de construcción e instaurarse un plan eficaz de ayudas a la renovación de instalaciones y ventanas.
Ni las comunidades de propietarios ni los particulares a título individual disponen, a día de hoy, de recursos para incurrir en nuevos gastos. En esta novedosa exigencia ha habido dejadez por retrasar su aprobación y precipitación por prever un plazo demasiado breve para su exigencia. Además, en lugar de informar al usuario con tiempo, se amenaza con graves sanciones, incluso siendo conocido el dato de que muchos de los propietarios afectados son personas de cierta edad, que necesitan tiempo para informarse y adaptarse a los cambios normativos.
Estamos seguros de que se cumplirían los mismos fines respecto de la eficiencia energética y sería una medida menos recaudatoria si la norma previera otorgar la menor calificación, la G, por defecto a todos los edificios y viviendas que no prueben una calificación mayor.
Para probar la calidad de su inmueble y justificar así un precio de venta o alquiler más elevado, el propietario que lo desee es quien libremente tendría que ocuparse de obtener la calificación que le corresponda, del mismo modo que es tarea del comprador y el inquilino decidir qué valor da a dicho certificado a la hora de optar por determinado inmueble en la compra o el alquiler.,
Control oficial de los alquileres
Otro ejemplo de intervencionismo en apoyo de intereses económicos sectoriales y en detrimento de la libertad del consumidor va a ser introducido en la próxima reforma de los alquileres en forma de múltiples medidas. Se obligará oficialmente a los propietarios que ponen en alquiler sus pisos en vacaciones a someterse al control de la comunidad autónoma y de su ayuntamiento. Por ejemplo, en Cataluña la exigencia es la comunicación previa al ayuntamiento por parte del propietario que pretende alquilar su piso, la inscripción de la vivienda en un registro, la contratación de una empresa de asistencia y mantenimiento, el sometimiento a la inspección pública, la puesta a disposición de hojas oficiales de reclamaciones, la tenencia de un registro de ocupantes que debe entregarse a la Policía… El incumplimiento de estas obligaciones conlleva sanciones al propietario.
A nuestro juicio, lo realmente ofensivo es que estas medidas se presentan bajo la excusa de que los propietarios practican una competencia desleal hacia el sector hotelero y rebajan la calidad de la oferta turística de las ciudades españolas.
Se trata de un nuevo ataque a las economías domésticas, que no pueden vender sus casas en un mercado inmobiliario muerto y que ven como única alternativa es alquilar sus propiedades.