El organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad firma un convenio con la Abogacía del Estado para impulsar esta labor, con la designación de 23 abogados del Estado como nuevos árbitros
Ha transcurrido un mes desde que, a principios de junio, se iniciara el procedimiento especial de arbitraje de conflictos generados por la comercialización inadecuada de preferentes. En este tiempo, la Junta Arbitral Nacional de Consumo, adscrita al Instituto Nacional de Consumo (INC), ha dictado 2.000 laudos, todos ellos estimatorios, y ha iniciado además otros 2.500 expedientes.
Esta tarea la ha llevado a cabo con una decena de árbitros, técnicos del INC y licenciados en Derecho, que han hecho frente a un importante volumen de reclamaciones de consumidores. Ahora, el Instituto prevé agilizar aún más la tarea, con la firma de un nuevo convenio por el que se incorporarán nuevos árbitros al procedimiento. Se trata del acuerdo firmado por la presidenta del INC y secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, y la Abogado General del Estado, Marta Silva, por el que ambas instituciones colaborarán para llevar a cabo el procedimiento.
En virtud de este convenio, 23 abogados del Estado serán designados como nuevos árbitros, por lo que la Junta Arbitral de Consumo estará en condiciones de resolver el gran volumen de reclamaciones de los afectados que hayan sido aceptadas, así como de asegurar su resolución en un plazo de tiempo reducido.
Desde que se designó a la Junta arbitral como encargada de resolver estos conflictos se pusieron en marcha todos los mecanismos para dotarla de todos los recursos materiales y humanos necesarios para encontrar una solución a un problema de importante repercusión social, tanto por sus características como por el volumen de afectados.
Todo ello ha supuesto un gran reto para el INC, que ha visto, desde el primer momento, la necesidad de intervenir para reparar el daño sufrido por los afectados como consecuencia de una comercialización inadecuada de estos productos financieros complejos. Se trata, además, de un gran reto del arbitraje de consumo, que nunca hasta ahora había resuelto conflictos financieros ni había tenido que atender un volumen tan importante de reclamaciones de consumidores.