Para ADICAE, como asociación de consumidores y usuarios de banca que agrupa a miles de afectados por estas abusivas cláusulas suelo, esta “privatización” supone un claro perjuicio para los intereses de los consumidores, que verán como sus reclamaciones formuladas ante un organismo público serán tramitadas por una consultora con intereses privados, que tiene entre su cartera de clientes a la mayoría de las entidades financieras españolas.
Hay que recordar que precisamente el Ministerio de economía ha encontrado infracciones muy graves en la auditoría que realizó Deloitte en el Banco de Valencia y en Bankia antes de su salida a Bolsa. Y las cuentas de Bankia fueron objeto de desconfianza por parte de la Asociación de Inspectores del Banco de España (IBCE) ya que ocultaron la deuda de la entidad.
Ante la ineficacia demostrada por el Banco de España para dar salida a las más 16.432 reclamaciones presentadas durante 2013 por los consumidores afectados por la aplicación de esta abusiva cláusula en sus contratos hipotecarios, ADICAE considera que la solución no pasa por privatizar su gestión, poniéndola en manos de una consultora ligada a los poderes bancarios, sino impulsar un giro radical en la orientación de la supervisión bancaria en España que propicie un nuevo marco de relaciones con la clientela y una adecuada atención a los crecientes conflictos que llegan al supervisor.
Hasta el momento además el Banco de España ha llevado una labor de «copiar y pegar» para dar respuesta negativa a las reclamaciones por cláusulas suelo, salvo en aquellos casos en los que junto a las mismas se había comercializado un «swap» (contrato de cobertura de tipos de interés), lo que hace aún más incomprensible e innecesaria si cabe la contratación adjudicada.
ADICAE reclama una reforma a fondo de los organismos supervisores en España para avanzar hacia el desarrollo de procesos transparentes que sirvan para garantizar los derechos de los consumidores frente a los abusos bancarios, y que acaben con el permanente sesgo de instituciones como el Banco de España en favor de las entidades y del sector y su solvencia, que ha llevado a una actuación de «baja intensidad» e incluso abandono por parte del supervisor bancario (a día de hoy una auténtica «patronal bancaria») en sus funciones de protección de los consumidores.