El Real Decreto Ley de 2009 que creó este mecanismo estableció unos requisitos transitorios hasta la aprobación de un reglamento posterior, que todavía no ha sido desarrollado
– Para la conselleria, esta medida de carácter social se ha convertido en un «cajón de sastre» que actualmente se está aplicando a consumidores muy alejados de la pobreza energética
– Además, ha solicitado la configuración de un procedimiento de gestión ágil que se apoye en los servicios sociales locales y autonómicos, por su especialidad y conocimiento más cercano a la situación de necesidad de los ciudadanos
(18/10/2015) La conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha enviado esta semana un escrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para reclamar una modificación urgente del Bono Social Eléctrico para que beneficie a aquellos consumidores vulnerables.
Hay que destacar que el Real decreto Ley 9/2009 creó el Bono Social como medida de protección del derecho al suministro de electricidad dirigido a determinados consumidores considerados vulnerables desde un punto de vista económico y fijó unos requisitos de forma transitoria hasta que fuese aprobado el reglamento en el que se determinarían las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que debían cumplir los ciudadanos para poder acogerse al Bono Social.
Según ha explicado la directora general de Industria y Energía Júlia Company, «han pasado ya varios años sin que se haya producido el desarrollo reglamentario y el Bono Social se ha convertido en un cajón de sastre que se está aplicando también a consumidores muy alejados de la pobreza energética».
Company ha puesto como ejemplo el hecho de que en la actualidad se puede acceder al bono social únicamente por ser familia numerosa «pero sin tener en cuenta más criterios, como los ingresos familiares, que son esenciales para que esta medida llegue realmente a familias vulnerables».
A esto hay que añadir que la crisis económica, unido al aumento de los precios de la energía de los últimos han dado lugar a una nueva problemática, la llamada «pobreza energética» que ha ido aumentando progresivamente.
Desde la conselleria de Economía Sostenible, según ha subrayado Company, «entendemos fundamental y urgente superar la actual situación de transitoriedad, centrando y ajustando adecuadamente la aplicación del Bono Social Eléctrico en aquella parte de la ciudadanía se encuentra en una verdadera situación social y económica desfavorecida que le impide hacer frente al pago de la factura eléctrica».
«Además, consideramos básico y así lo hemos solicitado la configuración de un procedimiento de gestión ágil que debería apoyarse, por su especialidad y conocimiento más cercano a los ciudadanos, en los servicios municipales y autonómicos y de esta forma concentrar y optimizar mejor los recursos y hacer más efectiva esta medida social» ha añadido.
Medidas para combatir la pobreza energética
Hay que recordar que la nueva conselleria de Economía Sostenible ha puesto en marcha un programa de ayudas económicas para combatir la pobreza energética, en colaboración con Cruz Roja
Así pues, la conselleria de Economía Sostenible ofrece ayudas de 100 euros para las familias sin recursos suficientes para hacer frente a las facturas de suministro energético. En este sentido, la directora general ha insistido en que «de cara al año próximo, estamos trabajando en colaboración con la conselleria de Bienestar Social para implementar nuevas medidas dirigidas a garantizar que los ciudadanos que se encuentran en claras dificultades económicas y situaciones de vulnerabilidad tengan acceso a los suministros energéticos, básicos en la social actual.
Este año se destinarán un total de 1 millón de euros a esta medida. Para facilitar la gestión y conseguir llegar al mayor número de familias, el IVACE se apoyará en una entidad humanitaria sin ánimo de lucro con la estructura y capilaridad suficientes para atender a los demandantes.
La entidad seleccionada ha sido Cruz Roja Española Comunitat Valenciana y la colaboración, que hoy se materializado con la firma de un convenio, es de carácter gratuito, sin contraprestación económica.