El pasado martes, el Pleno del Congreso aprobó tramitar la propuesta de ley para aumentar de forma escalonada el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 950 euros en 2020, después de un periodo transitorio de 800 euros en 2018. Se trata de una demanda tradicional entre muchos colectivos de trabajadores, especialmente aquellos con los que la crisis más se ha cebado, con la idea bien intencionada de que aumentar el SMI sirve para incrementar los salarios de todos los trabajadores.
Sin embargo, de aprobarse definitivamente, el aumento del SMI no supondría en ningún caso un aumento de salarios, sino una depauperización todavía mayor de la población trabajadora, especialmente entre aquellos que tienen una menor cualificación y, por tanto, menor productividad marginal.
Se debe tener en cuenta que los salarios son un precio (el precio que pagan las empresas por el trabajo de sus empleados). Establecer un salario mínimo equivaldría a establecer un precio mínimo. Cuando esto sucede, suelen darse dos circunstancias: o bien que el producto se oferte en el mercado negro o bien que deje de producirse, si el precio al cual la empresa lo ofrece al mercado es inferior a ese precio mínimo.
Haciendo una analogía con el mercado laboral, aquellos trabajadores cuya productividad marginal sea menor al salario mínimo no podrán trabajar, lo que aumentará la tasa de desempleo del país, o bien se emplearán en la economía sumergida, ya que a la empresa no le compensará ofrecer un sueldo mayor que ese salario mínimo.
Hay que tener en cuenta, además, que a este salario mínimo hay que añadir las cotizaciones sociales, por lo que el coste final para la empresa es mucho mayor. En la actualidad, el coste laboral unitario para el salario mínimo supera los 1.000 euros, y superaría los 1.500 euros en caso de que se establezca un salario mínimo de 950.
Llegados a este punto, cabría preguntarse: si el salario mínimo genera paro, ¿por qué hay países que disponen de uno más alto que en España? La respuesta la encontramos en la productividad del conjunto del país. Así, los cuatro países con los salarios mínimos más elevados dentro de la Unión Europea (Luxemburgo, Irlanda, Bélgica y Francia) son los cuatro países más productivos de todo el continente y, además, sus tasas de desempleo son mucho menores a la de España. De hecho, como se puede apreciar en el siguiente gráfico, cortesía de Libre Mercado, los salarios medios ya están bastante ajustados a la productividad de sus respectivos países.
Pero no acaba aquí la cosa. Los países nórdicos, en los cuales se reflejan buena parte de la socialdemocracia española, no tienen establecido ningún salario mínimo por ley y, sin embargo, sus habitantes gozan de los salarios medios más elevados de toda la zona euro, junto con los países citados en el párrafo anterior. Este es el caso de Noruega, con un salario medio de 3.644,00 euros al mes; Dinamarca, con 3.572 euros de salario medio; Finlandia (2.459 euros) y Suecia (2.382 euros).
Por tanto, la subida del salario mínimo puede tener el efecto contrario al que en principio persigue: enviar al paro a todos aquellos trabajadores a quien, en principio, debería proteger. No existen recetas mágicas; aumentar el salario por decreto no sirve para aumentar el salario efectivo que perciben los trabajadores, y puede tener graves consecuencias para la economía española.