El Instituto Nacional de Estadística ha publicado su estadística mensual sobre Índice de Precios al Consumo (IPC). Se trata de un indicador que mide el aumento del nivel general de precios y que representa, en cierto modo, el nivel de inflación de un país en un momento determinado.
Aunque la primera parte del año pasado, este indicador se situó en terreno negativo, la tasa ha ido creciendo desde agosto hasta dispararse en diciembre de 2016, con un aumento del 1,6%, nueve décimas por encima de lo registrado en el mes anterior, que se explica fundamentalmente por el aumento de los carburantes. La inflación vuelve a instalarse en nuestra economía y esto no supone, a priori, buenas noticias para las pymes españolas.
En primer lugar, porque la causa de la subida de la inflación es, ya de por sí sola, motivo de preocupación para las empresas. En un país tan dependiente desde el punto de vista energético del exterior, [un aumento en el precio de los carburantes eleva los costes empresariales](¿Cómo afectan las subidas del precio del petróleo a mis ventas?), especialmente el de aquellas pymes y autónomos que tengan que mantener una flota de transportes para su negocio.
En segundo lugar, porque los trabajadores exigirán subida de sus salarios que vayan en línea con el aumento del nivel general de precios. Es más, algunos convenios establecen que el salario de los trabajadores debe ligarse a la evolución del IPC.
Este aumento hará que los autónomos y las pymes se vean obligados bien a absorber ellos mismos esa subida vía menores márgenes empresariales o bien a repercutir ese sobrecoste a sus clientes, lo que puede provocar un círculo vicioso de mayores subidas de precios en el futuro.
A nivel económico general, este aumento de costes hará que las empresas españolas, especialmente aquellas que exportan fuera de la Eurozona, pierdan competitividad en el exterior, provocando que aumente el déficit de la balanza por cuenta corriente.
Un escenario más que esperado
No obstante, hay que entender que la actual coyuntura económica demandaba una política activa para luchar contra la deflación. Así, el Banco Central Europeo lleva varios años embarcado en una política de compras de activos para establecer la inflación en el 2% anual, y los diferentes gobiernos de Europa han intentado con todos sus medios disponibles evitar que los precios siguiesen cayendo. Es más, son muchos los analistas que esperaban un repunte del IPC en cuanto aumentase el precio del petróleo.
Por todas estas razones, que la inflación se haya instalado en nuestro país no debería de suponer ninguna sorpresa para nadie, y mucho menos para las empresas. No obstante, la experiencia del año pasado, con un crecimiento económico superior al 3% impulsado, entre otras cosas, por unos menores costes empresariales como consecuencia de un petróleo barato, suponía un desahogo para muchas empresas; pero hay que entender, también que estas circunstancias, en principio, no se van a volver a dar.